• El grupo municipal apoya la moción de Independientes y considera la negativa del Ejecutivo a conceder el uso excepcional de productos fungicidas y nematicidas como un nuevo intento de boicotear al sector

Huelva es el principal productor de frutos rojos de España, de Europa y uno de los más importantes del mundo. Genera riqueza y empleo –unos 125.000 entre directos e indirectos-, y sostiene la economía de muchos pueblos de la provincia, incluido Almonte. Sin embargo, el cultivo de estos frutos de primor, sumamente delicado en todas sus fases, precisa de una serie de tratamientos pre-siembra y pre-plantación – es decir, en los viveros y más tarde en los terrenos onubenses en los que se ubican los plantones que llegan de esos viveros de altura situados en Castilla y León.

Esto es así debido en buena parte al clima que impera en la zona, un clima atlántico húmedo que favorece la proliferación de hongos y nematodos que afectan a la raíz de la planta. Si no se garantiza un estado sanitario óptimo de los suelos, la producción podría reducirse drásticamente como consecuencia de la afección de las enfermedades producidas por esos hongos y nematodos.  

“Tal y como advierten organizaciones como Freshuelva o Asaja-Huelva, muchos agricultores están planteándose la posibilidad de instalarse en Portugal, donde los tratamientos pre-plantación están autorizados bajo el mismo Reglamento Comunitario 1107/2009, mientras aquí se deniegan”, explica el presidente del PP de Almonte, Miguel Ángel Jiménez. “No se entiende, porque el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco da explicaciones, por qué se prohíbe a nuestro sector algo que se permite hacer unos kilómetros más al norte, sin ir más lejos, en Extremadura, donde sí se ha autorizado la excepcionalidad para el cultivo del tabaco”.

“En Europa, Portugal, Grecia e Italia también están autorizadas a usar estos tratamientos, dándose la circunstancia de que, para colmo, son competidores directos de nuestra provincia en lo que a producción de frutos rojos se refiere” por lo que “no nos queda más remedio que sospechar que el Ejecutivo está usando una nueva estrategia para debilitar a un sector por el que lleva tiempo demostrando una animadversión escandalosa”.

Prueba de ello son las campañas de inspección “a las que se somete a nuestros agricultores, que ningún otro sector padece, y que parecen más una persecución que interés objetivo por comprobar el buen funcionamiento laboral del mismo”, o la dilatación injustificada de los proyectos de suministro de agua superficial a la zona del Condado, “cuando saben perfectamente que sin esa agua los cultivos no son posibles y que la cuestión del agua no sólo afecta en materia agrícola, sino también a nivel de prestigio en los mercados europeos, espoleados por el lobby ecologista, algo que el Gobierno parece no sólo apoyar sino incluso disfrutar”.

Por todo ello, porque considera de justicia que los agricultores de los frutos rojos puedan producir en igualdad de condiciones que otros profesionales de España y de Europa, y porque no hay justificación alguna para prohibir aquí lo que a otros se permite en tanto no haya una alternativa viable a los tratamientos mencionados, el PP de Almonte apoya la moción presentada por Independientes, se une a sus peticiones y exige al Gobierno de Sánchez que deje de boicotear al sector de los frutos rojos, “pilar fundamental de la economía de nuestro municipio, de nuestra comarca y de nuestra provincia y sector vanguardista y pionero en sostenibilidad, investigación y desarrollo”.

• El PP de Almonte exige a los socialistas que “abandonen la demagogia y trabajen de una vez por todas para que el agua superficial llegue al Condado”

“Son capaces de hacer lo que sea para no asumir su responsabilidad, y esto incluye desarticular la economía del Condado y despoblar la comarca”. Esta es la conclusión a la que llegan los populares almonteños tras conocer la propuesta lanzada por el PSOE-A, que pasa por la “reubicación voluntaria” de las explotaciones de regadío que no fueron incorporadas al Plan de la Corona Norte como solución para acabar con la polémica provocada por los colectivos ecologistas en torno a la iniciativa parlamentaria destinada a regularizar alrededor de 800 hectáreas afectadas por el plan de 2014.

Pero no se queda ahí la propuesta: la medida se extendería, según han declarado los socialistas andaluces, “a todos aquellos que, siendo titulares de derechos de aguas subterráneas en el ámbito del Plan, quieran acogerse a ella para liberar recursos hídricos subterráneos y contribuir al equilibrio hídrico de Doñana”. Es decir, “tanto si quedaron excluidos del Plan de la Corona Norte como si no, el PSOE aboca a los agricultores de Almonte a elegir entre el descrédito o el exilio, lo que prefieran”, advierte el presidente del PP de Almonte, Miguel Ángel Jiménez.

“La propuesta es absurda y demagógica”, y la lanzan “como si fuera el remedio a todos nuestros males, cuando saben perfectamente que el único problema que tienen los regadíos del Condado y Doñana es que el Gobierno, dirigido por el PSOE y Podemos, no acomete las obras hídricas que nos deben y que están declaradas de Interés General”. 

“Es muy grave que para eludir su responsabilidad estén dispuestos a sacar de sus hogares a decenas de familias”, porque, aunque la propuesta especifica que los agricultores se reubicarían en “zonas de proximidad” a la comarca de Doñana, el PSOE demuestra un absoluto desconocimiento de la realidad de la agricultura, “un trabajo que requiere atención prácticamente las 24 horas del día”. “¿Cuánto tiempo creen los socialistas que tardarían las familias de estos agricultores en mudarse a las localidades donde se asientan sus nuevas tierras?”, pregunta Jiménez.

“Pero además de desconocer la realidad del campo, demuestran unas nociones nulas de la economía más básica”, prosigue. “Con esas familias y con la agricultura, desaparecerán cientos de pequeños y medianos negocios de la zona del Condado, directa o indirectamente relacionados con el sector agrícola pero también los dedicados a prestar los servicios más elementales: alimentación, restauración, transporte, aseguradoras, gestorías…”, todo lo que, en definitiva, gira alrededor de la principal actividad económica del Condado y sus habitantes.

“Y todo, para no cumplir su obligación, hacer las obras pendientes y realizar el trasvase de una vez por todas”, denuncian los populares. “El PSOE está dispuesto a desmantelar los pueblos del Condado antes que traer el agua que prometieron y que por Ley tienen que proporcionar a esta Comarca”, por lo que exige que “abandonen la demagogia, dejen de hacerles el juego a los ecologistas, que tanto perjuicio están causando con sus campañas de desprestigio en Europa, y traigan a Doñana el agua que está aprobada”.

• La Presa de la Alcolea y el desdoble y reparación del Túnel de San Silvestre son vitales para que llegue el agua superficial a la comarca del Condado, pero el Gobierno continúa mirando hacia otro lado

«El Gobierno está obligado a atender las demandas de la población de Huelva y del Condado y ejecutar de una vez por todas las obras de las infraestructuras hidráulicas pendientes en nuestro territorio, que además están declaradas de interés general”. Así lo ha manifestado Miguel Ángel Jiménez, presidente del Partido Popular en Almonte, cuyo grupo municipal llevará al próximo pleno ordinario del mes de marzo del Ayuntamiento una moción para instar al Gobierno central a que ejecute de forma inmediata la totalidad de las obras de interés general de Estado relativas al cumplimiento del Trasvase del Condado de Huelva, aprobado por Ley el 5 de diciembre, y más concretamente el desdoble y reparación del Túnel de San Silvestre, la Presa Pedro Arco, la culminación de la Presa de Alcolea –paralizada desde 2014-, el Canal de Trigueros y la ampliación de los bombeos de Bocachanza.

Igualmente, los populares instan al Ejecutivo a disponer los acuerdos pertinentes dentro de la Comisión del Trasvase para determinar el destino del agua trasvasada en las zonas regables en superficie en el entorno de Doñana. “Se trata de un tema de enorme importancia no sólo para el desarrollo socioeconómico de una zona que depende en gran medida de la agricultura de regadío, sino también para la preservación de un entorno de incalculable valor como es Doñana”, advierte Jiménez.

Sin embargo, y a pesar de que la propia ministra para la Transición Ecológica manifestó que “el agua es una prioridad y un recurso natural clave para el bienestar de las personas y el desarrollo económico de la sociedad”, hasta el momento, desde este Ministerio, “sólo han existido excusas para el retraso en la ejecución de unas obras ampliamente reclamadas y demandas por la sociedad”, obras que no se han ejecutado “por falta de voluntad del Gobierno de España”, que es quien tiene las competencias y que “contempla indolente el riesgo que supone el estado lamentable en el que se encuentra el Túnel de San Silvestre”, una infraestructura de la que depende el 85% del PIB de la provincia y el suministro del 90% de la población onubense.

El PP insiste en que la política de aguas, que en cualquier circunstancia debe ser una prioridad para cualquier gobierno, en el caso de Huelva y de la comarca del Condado es absolutamente vital. “La actual situación de sequía y la necesidad de establecer mecanismos de conservación para el entorno de Doñana y contar con recursos hídricos que permitan compatibilizar el desarrollo económico de Almonte y la preservación del Espacio de Doñana” son motivos “más que suficientes” para que el Ejecutivo priorice las obras”, puntualiza el presidente de los Populares, pero “en lugar de eso, y con la connivencia de los partidos que integran el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte –PSOE y Mesa de Convergencia-, se juega a enfrentar a los propios afectados como argucia para distraer a la opinión pública y seguir sin cumplir con la responsabilidad que tienen para con nuestro pueblo y la comarca de la que formamos parte”, zanja Jiménez, que espera que, al menos, el pleno apruebe esta moción y “dé así ejemplo de responsabilidad y sentido de la justicia”.